LA GRAN ESTAFA (II) sobre la venta de Apemsa. Juan Clavero

07-juan_clavero1Publicado en Diario de Cádiz-El Puerto El Alambique 22-09-2014

ALGUNOS políticos tienen una pequeña disfunción mental: confunden el interés suyo y el de ciertas empresas privadas con el interés general de los ciudadanos, y pretenden hacernos creer que es así. Los responsables de Apemsa han estado trabajando más para defender los intereses de la empresa Aqualia-FCC que los de los portuenses. Han otorgado concesiones de más que dudosa legalidad a esta empresa y le han contratado directamente obras por millones de euros, sin concurso público. Cuando Ecologistas en Acción presentó pruebas contundentes que demostraban que Aqualia no realizaba los trabajos por los que cobraba 3 millones de euros: depurar las aguas residuales, los directivos de Apemsa no expedientaron a esta empresa privada ni rescindieron la concesión, se querellaron contra nosotros. Pero el Juzgado acabó por darnos la razón. Cuando la Plataforma ‘Apemsa no se vende’ denunció al alcalde que Aqualia estaba inflando las facturas por la gestión de la EDAR -lo que podría suponer unos 500.000 euros de dinero público al año-, los directivos de Apemsa no expedientaron a esta empresa ni rescindieron la concesión, anunciaron otra querella contra los denunciantes, a ver si conseguían acallarnos.

Moresco, Candón, Antonio J. Ruiz, Bornes, Benavente, Ybarra, Daniel Pérez, Juan Campos… han asegurado reiteradamente que la privatización de Apemsa era un negocio para El Puerto, confundiendo de nuevo los intereses de los ciudadanos con sus intereses y los de Aqualia. Desde que gobiernan PP-PA la deuda municipal se ha más que duplicado, pasando de 67 a 145 millones de euros. Para tapar este agujero venden la mitad de Apemsa por 21 millones de euros, ¡pero habrá que pagar a Aqualia en los próximos 25 años unos 60 millones de euros! ¿Quién los pagará? Adivinen.

La gestión de Apemsa y su proceso de privatización ha estado plagada de ilegalidades, de las que son responsables los presidentes, los consejeros delegados, el director gerente y los que desde el Consejo de Administración han aprobado medidas que favorecían ilegalmente a Aqualia. Hechos que podrían ser constitutivos de sendos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. Ese dinero público que después falta cuando se trata de atender necesidades sociales perentorias.

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